Policía Nacional del Perú

MODIFICANDO EL ARTÍCULO 42° DE LA LEY N° 23506 LEY DE HABEAS CORPUS Y AMPARO

Artículo Único.- Modificar el artículo 42° de la Ley N° 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo

"Artículo 42°.- Las resoluciones finales recaídas en las acciones de Hábeas Corpus y Amparo, cuando queden consentidas o ejecutorias, serán publicadas en la página web del Diario Oficial El Peruano o del Tribunal Constitucional, en el caso que la expida este último.

Las resoluciones que a criterio del Tribunal Constitucional tengan relevancia jurisprudencia serán publicadas además en forma obligatoria y dentro de los (15) días siguientes en el Diario Oficial El Peruano.

CARLOS FERRERO, Presidente del Congreso de la República.- JESÚS ALVARADO HIDALGO, Primer Vicepresidente del Congreso de la República

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete días del mes de Mayo del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO, Presidente Constitucional de la República.- LUIS SOLARI DE LA PUENTE, Presidente del Consejo de Ministros.- FAUSTO ALVARADO DODERO, Ministro de Justicia.

REGULANDO EL ASPECTO PREVISIONAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

La presente Ley tiene por objeto regular el régimen provisional del personal de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, comprendido en el artículo 62° de la Ley N° 25066.

Están comprendidos en los alcances de la presente Ley, el personal en situación de Actividad, Disponibilidad, Retiro o Cesante de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, considerado en el artículo 62° de la Ley N° 25066.

El personal comprendido en los alcances del artículo 2° de la presente Ley, tiene el grado policial que ostentaba al 31 de Diciembre de 1993.

El Ministerio del Interior y la Caja de Pensiones Militar Policial, reconocerán al personal referido en el artículo 2° de esta Ley, todos los años de servicios prestados a la Institución policial.

Para tal efecto, son acumulables los servicios civiles prestados a la Policía Nacional con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 25066, con aquellos prestados con posterioridad a la misma

La Oficina de Normalización Provisional, las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFPs) y los diferentes entes administradores a los que aportó el Estado y el personal comprendido en los alcances de la presente Ley, transferirán los aportes efectuados más los intereses de Ley que se hubiera generado a la Caja de Pensiones Militares Policial.

Para la aplicación de lo establecido en los artículos 4° y 5° de la presente Ley, se actualizarán los aportes efectuados por el Estado y por el personal comprendido en el artículo 2° de esta misma norma.

El Ministerio del Interior y la Caja de Pensiones Militar Policial, en lo que les corresponda, darán cumplimiento a lo establecido en los artículos 4°, 5° y 6° de la presente Ley.

8.1 El personal a que se hace referencia en el artículo 2° de la presente Ley, está sujeto a las Leyes y Reglamentos de la Policía nacional del Perú aplicables al personal policial.

8.2 El personal que ingresó y está en el Escalafón de la Institución como Personal Civil, así como el personal que ingrese a partir de la publicación de la presente Ley, está sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico.

El artículo 51° del Decreto Legislativo N° 745, Ley de Situación del Personal de la

Policía Nacional del Perú, por única vez, no es aplicable al personal comprendido en el artículo 2° de la presente Ley, referente al límite de edad en el grado.

El personal comprendido en el artículo 2° de la presente Ley, es miembro del Fondo de Salud Policial.

Por excepción y por única vez, autorizase al Ministerio del Interior con cargo a su presupuesto, otorgar al personal comprendido en la presente Ley, el grado inmediato superior a que ostentaba al 31 de Diciembre de 2001.

La aplicación de la presente Ley, en aquello que no está previsto en el artículo 5°, será cubierta con el presupuesto del Ministerio del Interior.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo máximo de (60) días.

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto aprobado en sesión de la Comisión Permanente realizada el día seis de Enero de dos mil tres, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108° de la Constitución Política del Estado, ordeno que se publique y cumpla.

CARLOS FERRERO, Presidente del Congreso de la República.- JESÚS ALVARADO HIDALGO, Primer Vicepresidente del Congreso de la República.

APROBANDO DIRECTIVA SOBRE "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES POLICÍAS POR MOTIVOS DE MATERNIDAD Y LACTANCIA

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0026-2002-IN/0101 del 11 de Enero de 2002 se constituyó la Comisión Especial de la Mujer, modificada por Resolución Ministerial N° 409-2002-IN del 11 de Marzo de 2002, encargada de asesorar, promover investigaciones y absolver consultas en relación a los derechos humanos de las mujeres, la iniquidad de género y promoción de la igualdad de oportunidades de las personas que prestan servicio en el Sector Interior;

Que, con el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres policías respecto a la maternidad y lactancia, la Defensoría del Policía elaboró un proyecto de Directiva para su protección; en el marco de la revisión y propuestas de modificación de la normatividad referida a la mujer policía de la Comisión de Alto Nivel para la Modernización de la PNP;

Lo opinado por el Director General de la Policía Nacional del Perú y la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo N° 370 "Ley Orgánica del Ministerio del Interior" y el Decreto Legislativo N° 560 "Ley del Poder Ejecutivo";

Artículo 1°.- Aprobar la Directiva N° 002-2003-IN/DDP-OE MUJ, formulado por la Defensoría del Policía, sobre "Normas y Procedimientos para la Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres Policías por motivos de Maternidad y Lactancia".

Artículo 2°.- La Oficina de Comunicación Social del Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía Nacional del Perú, serán las encargadas de la difusión de la presente Directiva.

Regístrese, comuníquese y publíquese.- ALBERTO SANABRIA ORTIZ, Ministro del Interior.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES POLICÍAS POR MOTIVOS DE MATERNIDAD Y LACTANCIA

Establecer normas y procedimientos aplicables para la protección de los derechos humanos de las mujeres policías por motivos de lactancia y maternidad.

2. Fomentar un ambiente laboral adecuado en el que se respeten los derechos de las mujeres policías respeto a la maternidad y lactancia.

3. Prevenir y sancionar actos de discriminación por motivos de maternidad y lactancia

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son aplicables en todos los órganos policiales y no policiales del Sector Interior, y alcanza a todas las mujeres policías que prestan servicios en ellos.

Adoptada y Proclamada el 10/12/1948. Aprobado por el Perú con R.L. 13282 del 19/12/1959 y Ratificada en DIC1959.

Art. 1°.- "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho..."

Art. 25°. 1.- "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación..."

2.- "La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social."

1.- "a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar".

2.- "a la igualdad ante la Ley, sin discriminación alguna por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole".

24,h.- "a no ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni ser sometida a torturas o tratos inhumanos o humillantes."

Art. 3°.- "La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno."

Art. 4°.- "La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono."

Art. 7°.- "Todos tienen derecho a la protección de la salud, la del medio familiar y la del medio ambiente y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa"

Art. 44°.- "Son deberes primordiales del Estado: ...garantizar la plena vigencia de los derechos humanos,....y promover el bienestar general que se fundamenta en el desarrollo integral de la nación."

Cuarta.- "Las normas relativas a los derechos y libertadas que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú."

C. "CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER". Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con Resolución 34/180 del 18DIC1979 y suscrita por el Perú el 23JUL1981 y ratificada el 13SET1982 mediante R.L. N° 23432 del 14JUN1982.

Art. 2°.- "Los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, conviene en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y con tal objeto se compromete a:"

a).- "Adoptar mediadas adecuadas, legislativas y de otro carácter con las sanciones correspondientes que prohiban toda discriminación contra la mujer".

Art. 11°.- "Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los nombres, los mismos derechos, en particular."

2.- "A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados partes tomarán medidas adecuadas para":

(d).- "Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar prejudiciales para ella."

Art. 12°.2.- "Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le aseguren una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia."

D. "CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO" del 20NOV1989. Suscrita por el Perú el 26ENE1990. Aprobada por el Perú con Resolución Legislativa N° 25278 del 3AGO1990 y Ratificada el 14AGO1990.

Art. 3°.2.- "Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la Ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Art. 6°.2.- "Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.

Art. 24°.2.c) "Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;"

e) "Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinentes y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos.

E. LEY N° 26644 del 25JUN1996 - "PRECISAN EL GOCE DEL DERECHO DE DESCANSO PRE-NATAL Y POST-NATAL DE LA TRABAJADORA GESTANTE

Art. 1°.- "Precísese que es derecho de la trabajadora gestante gozar de 45 días de descanso pre-natal y 45 días de descanso post-natal".

"El goce del descanso pre-natal podrá ser diferido, parcial o totalmente, y acumulado por el post-natal, a decisión de la trabajadora gestante".

" Tal decisión deberá ser comunicada al empleador con una antelación no menor de dos meses a la fecha probable del parte."

Art. 2°.- "La comunicación a que se refiere el artículo precedente deberá de estar acompañada del informe medico que certifique que la postergación del descanso pre-natal no afectaría en modo alguno a la trabajadora gestante o al concebido."

"La postergación del descanso pre-natal no autoriza a la trabajadora gestante a variar o abstenerse del cumplimiento de sus labores habituales, salvo que medie acuerdo al respecto con el empleador."

Art. 3°.- "En los casos en que se produzca adelanto del alumbramiento respecto de la fecha probable del parto fijada para establecer el inicio del descanso pre-natal, los días de adelanto se acumularán al descanso post-natal."

Art. 4°.- "La trabajadora gestante tiene derecho a que el período del descanso vacacional por record ya cumplido y aún pendiente de goce, se inicie a partir del día siguiente de vencido el descanso post-natal a que se refieren los artículos precedentes.

Art. I.- "Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta que cumpla los doce años d edad..."

"El niño y el adolescente son sujetos de derechos, libertades y protección específica."

Art. III.- "Igualdad de oportunidades. Para la interpretación y aplicación de este Código se deberá de considerar la igualdad de oportunidades y la no discriminación a que tiene derecho todo niño..."

Art. IV.- "Capacidad. Además de los derechos inherentes a la persona humana, el niño y el adolescente gozan de los derechos específicos relacionados con su proceso de desarrollo..."

Art. VI.- "Extensión del ámbito de aplicación. El presente Código reconoce que la obligación de atención al niño y al adolescente se extiende a la madre y a la familia del mismo."

"El Estado otorgará atención especializada a la adolescente madre y promoverá la lactancia materna..."

Art. 4°.- "A su integridad personal. El niño y el adolescente tienen derecho a que se respeten su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar..."

Art. 6°.- "...Tienen también derecho al desarrollo integral de su personalidad..."

Art. 21°.- "A la atención integral de salud. El niño y el adolescente tienen derecho a la atención integral de su salud, mediante la ejecución de políticas que permitan su desarrollo físico e intelectual en condiciones adecuadas..."

"Corresponde al Estado, con la colaboración y el concurso de la sociedad civil, desarrollar los programas necesarios para reducir la mortalidad y prevenir las enfermedades, educar a la familia en las prácticas de higiene y saneamiento: combatir la malnutrición, otorgando prioridad en estos programas al niño y al adolescente en circunstancias especialmente difíciles y a la adolescente madre durante los períodos de gestación y lactancia."

LIBRO SEGUNDO: SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

Art. 69°.- "Definición. Contravenciones son todas aquellas acciones u omisiones que atentan contra el ejercicio de los derechos del niño y adolescente señalados en la presente Ley."

G. LEY N° 27240 del 22DIC99 - "LEY QUE OTORGA PERMISO POR LACTANCIA MATERNA"

1.1.- "La madre trabajadora, al término del período post-natal, tiene derecho a una diaria de permiso por lactancia materna, hasta que el hijo tenga por como mínimo 6 (seis) meses de edad."

1.2.- "La madre trabajadora y su empleador, podrán convenir, el horario en que se ejercerá el derecho establecido en el párrafo precedente."

1.3.- "El derecho que por la presente Ley se otorga, no podrá ser compensado ni sustituido por ningún otro beneficio.

H. LEY N° 27591 del 12DIC2001 - "LEY QUE EQUIPARA LA DURACIÓN DEL PERMISO POR LACTANCIA DE LA MADRE TRABAJADORA DEL RÉGIMEN PRIVADO CON EL PÚBLICO"

Art. 1°.- "...Modifícase el párrafo 1.1 del artículo 1° de la Ley N° 27240, por el siguiente texto:"

1.1.- "La madre trabajadora al término del período post-natal tiene derecho a una hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su hijo tenga un año de edad. Este permiso podrá ser fraccionado en dos tiempos iguales y será otorgado dentro de su jornada laboral."

A. La maternidad y la niñez suponen cuidados y asistencias especiales. Todos tienen derecho a la protección de la salud, la del medio familiar, la del medio ambiente y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa.

B. Son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general que se fundamenta en el desarrollo integral de la nación. Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que puedan resultar perjudiciales para ella, garantizando a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto, el período posterior al parto y la lactancia.

C. Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta que cumpla los doce años de edad.

D. El Estado asegura al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la Ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

E. El Estado precisa el goce del derecho de descanso pre-natal y post-natal de la trabajadora gestante y otorga el permiso por lactancia materna del régimen privado con el público (Ley N° 26644, Ley N° 27240 y Ley N° 27591, respectivamente). Brindándole a la madre, 45 días de descanso pre-natal y 45 días al término post-natal; al término del período post-natal una hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su hijo tenga un año de edad. Incluso este período será fraccionado en dos tiempos iguales y será otorgado dentro de su jornada laboral.

F. La Policía Nacional como parte integrante del Estado tiene como finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes.

G. El Estado está obligado a garantizar los derechos humanos de sus ciudadanas (os). La mujer policía tiene el derecho ante la Ley, sin distinción al ejercicio, goce y disfrute de sus derechos en la maternidad. La vulneración de estos derechos no solo afecta a la mujer policía, sino al ser concebido.

H. Para que la Maternidad Segura trascienda a todas las mujeres es indispensable que se constituya como la más alta prioridad. La Maternidad Segura es una inversión vital, indispensable y económicamente costo-efectiva. La promoción de la salud de la maternidad no sólo mejora la salud individual, sino la salud y sobreviva de las familias, de la fuerza laboral, de los grupos sociales y de los países.

I. Durante el período de maternidad las mujeres policías en estado de gravidez deberán ser excluidas de los servicios de 24 por 24 horas, de las órdenes de inamovilidad absoluta, la efectivización de las sanciones restrictivas de la libertad y de los servicios que impliquen permanencia en situaciones de violencia, esfuerzos físicos y ambientes hostiles.

J. Durante el período de lactancia, las mujeres policías, sólo deberán realizar jornadas laborales de siete horas diarias, quedando excluidas de las jornadas laborales de 24 por 24 horas, órdenes de inamovilidad, servicio de calle (en el caso de las mujeres que laboran en la unidad de tránsito), efectivización de las sanciones restrictivas de la libertad o cualquier otra que transgreda los derechos humanos de las mujeres y del niño.

El procedimiento para que las mujeres policías laboren administrativamente, se inicia cuando la persona que se encuentra en estado de gravidez presenta el certificado médico, a su jefe inmediato superior, de los Centros Asistenciales de la Dirección de Salud de la PNP que certifique su gestación.

a) La mujer policía goza de 45 días de descanso pre-natal y 45 días de descanso post-natal. El goce del descanso pre-natal podrá ser diferido, parcial o totalmente, y acumulado por el post-natal, a decisión de la gestante. La decisión deberá ser comunicada por escrito, al jefe inmediato superior, con una antelación no menor de dos meses a la fecha probable del parto.

b) La comunicación a que se refiere el acápite precedente deberá de estar acompañada del informe médico, de los Centros Asistenciales de la Dirección de Salud de la PNP que certifique que la postergación del descanso pre-natal no afectará en modo alguno a la mujer policía gestante o al concebido.

c) La mujer policía gestante tiene derecho a que el período del descanso vacacional por récord ya cumplido y aún pendiente de goce, se inicie a partir del día siguiente de vencido el descanso post-natal a que se refieren los acápites precedentes, previa solicitud de la interesada a su Jefe de Dependencia.

La madre policía al término del período post-natal tiene derecho a una hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su hijo tenga un año de edad. Este permiso podrá ser fraccionado en dos tiempos iguales y será otorgado dentro de la jornada laboral de ocho horas diarias.

1. Se adoptarán procedimientos de acuerdo a ley y los señalados en la presente Directiva para asistir y proteger a la mujer policía durante el período de maternidad y lactancia.

2. Los jefes inmediatos superiores o de unidad, durante el período de maternidad de las mujeres policías en estado de gravidez, deberán excluirlas de los servicios de 24 por 24 horas, de las órdenes de inamovilidad absoluta, la efectivización de las sanciones restrictivas de la libertad y de los servicios que impliquen permanencia en situaciones de violencia, esfuerzos físicos y ambientes hostiles.

3. Los jefes inmediatos superiores o de unidad durante el período de lactancia de las mujeres policías, deberán disponer que realicen jornadas laborales de 24 por 24 horas, órdenes de inamovilidad, servicio de calle (en el caso de las mujeres que laboran en la unidad de tránsito), efectivización de las sanciones restrictivas de la libertad o cualquier otra que transgreda los derechos humanos de las mujeres y del niño.

A. Todos los niveles jerárquicos de los órganos policiales y no policiales del Sector Interior impartirán instrucciones al personal bajo su mando y autoridad, para el debido cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva.

B. La Oficina de Comunicación Social del Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía Nacional, difundirán la presente Directiva a todos los órganos policiales y no policiales del Sector Interior.

C. La Inspectoría General de la Policía Nacional es el órgano competente para investigar las faltas por la omisión de las normas establecidas en la presente Directiva.

A. Todo el personal del Sector Interior está obligado a conocer las normas establecidas en la presente Directiva, e informar al superior jerárquico o comando inmediato, dentro de las 24 horas, toda acción que contravenga a la presente disposición u otro comportamiento análogo que afecte los derechos de las mujeres policías durante el período de gravidez y lactancia.

B. El superior jerárquico que habiendo tomado conocimiento de la presente Directiva, no procede de acuerdo a lo establecido, incurre en falta grave contra la disciplina. El Órgano de Control Interno del Ministerio del Interior o de la Policía Nacional, según corresponda, conocerá de la investigación correspondiente.

C. Para aquello que no se encuentre especificado en la presente Directiva, son de aplicación las normas de los derechos humanos de las mujeres.

Que, mediante Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se promueve la transparencia de los actos del Estado y regula el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú;

Que, mediante Ley Nº 27927 se modifican y agregan algunos artículos a la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, facultándose al Poder Ejecutivo a publicar, a través de Decreto Supremo, el Texto Único Ordenado correspondiente;

De conformidad con el articulo 118º inciso 8 de la Constitución Política del Perú, el articulo 3º inciso 2 del Decreto Legislativo Nº 560 y el articulo 2º de la Ley Nº 27927;

Artículo 1º.- Apruébase el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que consta de cuatro (4) Títulos; dos (2) Capítulos, treintiseis (36) Artículos, y tres (3) Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales, los cuales forman parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los veintidós días del mes de abril del año dos mil tres.

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La presente Ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú.

El derecho de acceso a la información de los Congresistas de la República se rige conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso.

Para efectos de la presente Ley se entiende por entidades de la Administración Pública a las señaladas en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio de publicidad.

Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta Ley.

1. Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por el artículo 15º de la presente Ley.

2. El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la Administración Pública.

3. El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad.

La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la información solicitada.

Todas las entidades de la Administración Pública quedan obligadas a cumplir lo estipulado en la presente norma.

Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que se refiere esta Ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados penalmente por la comisión de delito de Abuso de Autoridad a que hace referencia el artículo 377º del Código Penal.

El cumplimiento de esta disposición no podrá dar lugar a represalias contra los funcionarios responsables de entregar la información solicitada.

Las entidades de la Administración Pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente información:

1. Datos generales de la entidad de la Administración Pública que incluyan principalmente las disposiciones y comunicados emitidos, su organización, organigrama, procedimientos, el marco legal al que está sujeta y el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos, que la regula, si corresponde.

2. La información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en general, así como sus remuneraciones.

3. Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen. La publicación incluirá el detallé de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos.

4. Actividades oficiales que desarrollarán o desarrollaron los altos funcionarios de la respectiva entidad, entendiéndose como tales a los titulares de la misma y a los cargos del nivel subsiguiente.

Lo dispuesto en este artículo no exceptúa de la obligación a la que se refiere el Título IV de esta Ley relativo a la publicación de la información sobre las finanzas públicas.

La entidad pública deberá identificar al funcionario responsable de la elaboración de los portales de Internet.

Las entidades públicas deberán contar con portales en Internet en los plazos que a continuación se indican:

a) Entidades del Gobierno Central, organismos autónomos y descentralizados, a partir del 1 de julio de 2003.

c) Entidades de los Gobiernos Locales Provinciales y organismos desconcentrados a nivel provincial, hasta un año desde el Inicio del nuevo período municipal, salvo que las posibilidades tecnológicas y/o presupuéstales hicieran imposible su instalación.

d) Entidades de los Gobiernos Locales Distritales, hasta dos años contados desde el inicio del nuevo período municipal, salvo que las posibilidades tecnológicas y/o presupuéstales hicieran imposible su instalación.

e) Entidades privadas que presten servicios públicos o ejerzan funciones administrativas, hasta el 1 de julio de 2003.

Las autoridades encargadas de formular los presupuestos tomarán en cuenta estos plazos en la asignación de los recursos correspondientes.

Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este derecho.

Las entidades obligadas a brindar información son las señaladas en el artículo 2º de la presente Ley.

Dichas entidades identificarán, bajo responsabilidad de su máximo representante, al funcionario responsable de brindar información solicitada en virtud de la presente Ley. En caso de que éste no hubiera sido designado las responsabilidades administrativas y penales recaerán en el secretario general de la institución o quien haga sus veces.

Las empresas del Estado están sujetas al procedimiento de acceso a la información establecido en la presente Ley.

Artículo 9º.- Personas jurídicas sujetas al régimen privado que prestan servicios públicos

Las personas jurídicas sujetas al régimen privado descritas en el inciso 8) del Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 que gestionen servicios públicos o ejerzan funciones administrativas del sector público bajo cualquier modalidad están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que presta, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejerce.

Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control.

Asimismo, para los efectos de esta Ley, se considera como Información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales.

a) Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la Administración Pública para realizar esta labor. En caso de que éste no hubiera sido designado, la solicitud se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o al superior inmediato.

b) La entidad de la Administración Pública a la cual se haya presentado la solicitud de información deberá otorgarla en un plazo no mayor de siete (7) días útiles; plazo que se podrá prorrogar en forma excepcional por cinco (5) días útiles adicionales, de mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada. En este caso, la entidad deberá comunicar por escrito, antes del vencimiento del primer plazo, las razones por las que hará uso de tal prórroga, de no hacerlo se considera denegado el pedido.

En el supuesto de que la entidad de la Administración Pública no posea la información solicitada y de conocer su ubicación y destino, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del solicitante.

c) La denegatoria al acceso a la información se sujeta a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 13º de la presente Ley.

d) De no mediar respuesta en los plazos previstos en el inciso b), el solicitante puede considerar denegado su pedido.

e) En los casos señalados en los incisos c) y d) del presente artículo el solicitante puede considerar denegado su pedido para los efectos de dar por agotada la vía administrativa, salvo que la solicitud haya sido cursada a un órgano sometido a superior jerarquía, en cuyo caso deberá interponer el recurso de apelación para agotarla.

f) Si la apelación se resuelve en sentido negativo, o la entidad correspondiente no se pronuncia en un plazo de diez (10) días útiles de presentado el recurso, el solicitante podrá dar por agotada la vía administrativa.

g) Agotada la vía administrativa, el solicitante que no obtuvo la Información requerida podrá optar por iniciar el proceso contencioso administrativo, de conformidad con lo señalado en la Ley Nº 27584 u optar por el proceso constitucional del Hábeas Data, de acuerdo a lo señalado por la Ley Nº 26301.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las entidades de la Administración Pública permitirán a los solicitantes el acceso directo y de manera inmediata a la información pública durante las horas de atención al público.

La entidad de la Administración Pública a la cual se solicite información no podrá negar la misma basando su decisión en la identidad del solicitante.

La denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente fundamentada en las excepciones de los artículos 15º a 17º de esta ley, señalándose expresamente y por escrito las razones por las que se aplican esas excepciones y el plazo por el que se prolongará dicho impedimento.

La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la Administración Pública de crear o producir información con la que no cuente o no tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, la entidad de la Administración Pública deberá comunicar por escrito que la denegatoria de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de la información solicitada. Esta Ley tampoco permite que los solicitantes exijan a las entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean.

Si el requerimiento de información no hubiere sido satisfecho o si la respuesta hubiere sido ambigua, se considerará que existió negativa tácita en brindarla.

El funcionario público responsable de dar información que de modo arbitrario obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta Ley, se encontrará incurso en los alcances del artículo 4º de la presente Ley.

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163º de la Constitución Política del Perú que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaria riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia del CNI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley. En consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:

1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo:

a) Planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados, logísticos, de reserva y movilización y de operaciones especiales así como oficios y comunicaciones internas que hagan referencia expresa a los mismos.

d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operaciones en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas.

f) El material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y/o ubicación cuyas características pondrían en riesgo los planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operación en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas.

g) Información del Personal Militar que desarrolla actividades de Seguridad Nacional y que pueda poner en riesgo la vida e Integridad de las personas involucradas.

2. Información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno:

a) Los planes estratégicos y de inteligencia, así como la información que ponga en riesgo sus fuentes.

b) Los informes que de hacerse públicos, perjudicarían la información de inteligencia.

c) Aquellos informes oficiales de inteligencia que, de hacerse públicos, incidirían negativamente en las excepciones contempladas en el inciso a) del articulo 15º de la presente Ley.

e) Las actividades y planes estratégicos de inteligencia y contrainteligencia, de los organismos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), así como la información que ponga en riesgo sus fuentes.

f) Información del personal civil o militar que desarrolla actividades de Seguridad Nacional y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas.

g) La información de inteligencia que contemple alguno de los supuestos contenidos en el artículo 15º numeral 1.

En los supuestos contenidos en este artículo los responsables de la clasificación son los titulares del sector o pliego respectivo, o los funcionarios designados por éste.

Con posterioridad a los cinco años de la clasificación a la que se refiere el párrafo anterior, cualquier persona puede solicitar la información clasificada como secreta, la cual será entregada si el titular del sector o pliego respectivo considera que su divulgación no pone en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático. En caso contrario deberá fundamentar expresamente y por escrito las razones para que se postergue la clasificación y el período que considera que debe continuar clasificado. Se aplican las mismas reglas si se requiere una nueva prórroga por un nuevo período. El documento que fundamenta que la información continúa como clasificada se pone en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual puede desclasificarlo. Dicho documento también es puesto en conocimiento de la comisión ordinaria a la que se refiere el artículo 36° de la Ley Nº 27479 dentro de los diez (10) días posteriores a su pronunciamiento. Lo señalado en este párrafo no impide que el Congreso de la República acceda a la información clasificada en cualquier momento de acuerdo a lo señalado en el artículo 18º de la presente Ley.

Artículo 16º.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información reservada

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada como reservada. En consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:

1. La información que por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno cuya revelación originaria un riesgo a la integridad territorial y/o la subsistencia del sistema democrático. En consecuencia se considera reservada la información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla y comprende únicamente:

a) Los planes de operaciones policiales y de inteligencia, así como aquellos destinados a combatir el terrorismo, tráfico ilícito de drogas y organizaciones criminales, así como los oficios, partes y comunicaciones que se refieran expresamente a ellos.

b) Las informaciones que impidan el curso de las investigaciones en su etapa policial dentro de los límites de la ley, incluyendo los sistemas de recompensa, colaboración eficaz y protección de testigos, así como la interceptación de comunicaciones amparadas por la ley.

c) Los planes de seguridad y defensa de instalaciones policiales, establecimientos penitenciarios, locales públicos y los de protección de dignatarios, así como los oficios, partes y comunicaciones que se refieran expresamente a ellos.

d) El movimiento del personal que pudiera poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas o afectar la seguridad ciudadana.

e) El armamento y material logístico comprometido en operaciones especiales y planes de seguridad y defensa del orden interno.

2. Por razones de seguridad nacional y de eficacia de la acción externa del Estado, se considerará información clasificada en el ámbito de las relaciones externas del Estado, toda aquella cuya revelación originaría un riesgo a la seguridad e integridad territorial del Estado y la defensa nacional en el ámbito externo, al curso de las negociaciones internacionales y/o la subsistencia del sistema democrático. Estas excepciones son las siguientes:

a) Elementos de las negociaciones internacionales que de revelarse perjudicarían los procesos negociadores o alteraran los acuerdos adoptados, no serán públicos por lo menos en el curso de las mismas.

b) Información que al ser divulgada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores pudiera afectar negativamente las relaciones diplomáticas con otros países.

c) La Información oficial referida al tratamiento en el frente externo de la información clasificada en el ámbito militar, de acuerdo a lo señalado en el inciso a) del numeral 1 del artículo 15º de la presente Ley.

En los casos contenidos en este artículo los responsables de la clasificación son los titulares del sector correspondiente o los funcionarios designados por éste. Una vez que desaparezca la causa que motivó la clasificación, la información reservada es de acceso público.

Artículo 17º.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información confidencial

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo siguiente:

1. La información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, salvo que dicha información sea pública. Una vez tomada la decisión, esta excepción cesa si la entidad de la Administración Pública opta por hacer referencia en forma expresa a esos consejos, recomendaciones u opiniones.

2. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil que están regulados, unos por el inciso 5 del artículo 2º de la Constitución, y los demás por la legislación pertinente.

3. La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso la exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de seis (6) meses desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador, sin que se haya dictado resolución final.

4. La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la Administración Pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso administrativo o judicial, o de cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado. Esta excepción termina al concluir el proceso.

5. La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar. La información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal. En este caso, sólo el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5 del artículo 2º de la Constitución Política del Estado.

6. Aquellas materias cuyo acceso esté expresamente exceptuado por la Constitución o por una Ley aprobada por el Congreso de la República.

Los casos establecidos en los artículos 15º, 16º y 17º son los únicos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental. No se puede establecer por una norma de menor jerarquía ninguna excepción a la presente Ley.

La información contenida en las excepciones señaladas en los artículos 15º, 16º y 17º son accesibles para el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo.

Para estos efectos, el Congreso de la República sólo tiene acceso mediante una Comisión Investigadora formada de acuerdo al artículo 9º de la Constitución Política del Perú y la Comisión establecida por el artículo 3º de la Ley Nº 27479. Tratándose del Poder Judicial de acuerdo a las normas que regulan su funcionamiento, solamente el juez en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales en un determinado caso y cuya información sea imprescindible para llegar a la verdad, puede solicitar la información a que se refiere cualquiera de las excepciones contenidas en este artículo. El Contralor General de la República tiene acceso a la información contenida en este artículo solamente dentro de una acción de control de su especialidad. El Defensor del Pueblo tiene acceso a la información en el ámbito de sus atribuciones de defensa de los derechos humanos.

Los funcionarios públicos que tengan en su poder la información contenida en los artículos 15º, 16º y 17º tienen la obligación de que ella no sea divulgada, siendo responsables si esto ocurre.

El ejercicio de estas entidades de la administración pública se enmarca dentro de las limitaciones que señala la Constitución Política del Perú.

Las excepciones señaladas en los puntos 15º y 16º incluyen los documentos que se generen sobre estas materias y no se considerará como información clasificada, la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las excepciones señaladas en este artículo pueden ser utilizadas en contra de lo establecido en la Constitución Política del Perú.

En caso de que un documento contenga, en forma parcial, información que, conforme a los artículos 15º, 16º y 17º de esta Ley, no sea de acceso público, la entidad de la Administración Pública deberá permitir el acceso a la información disponible del documento.

El solicitante que requiera la información deberá abonar solamente el importe correspondiente a los costos de reproducción de la información requerida. El monto de la tasa debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad de la Administración Pública. Cualquier costo adicional se entenderá como una restricción al ejercicio del derecho regulado por esta Ley, aplicándose las sanciones correspondientes.

Es responsabilidad del Estado crear y mantener registros públicos de manera profesional para que el derecho a la información pueda ejercerse a plenitud. En ningún caso la entidad de la Administración Pública podrá destruir la información que posea.

La entidad de la Administración Pública deberá remitir al Archivo Nacional la información que obre en su poder, en los plazos estipulados por la Ley de la materia. El Archivo Nacional podrá destruir la información que no tenga utilidad pública, cuando haya transcurrido un plazo razonable durante el cual no se haya requerido dicha información y de acuerdo a la normatividad por la que se rige el Archivo Nacional."

La Presidencia del Consejo de Ministros remite un informe anual al Congreso de la República en el que da cuenta sobre las solicitudes pedidos de información atendidos y no atendidos.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior la Presidencia del Consejo de Ministros se encarga de reunir de todas las entidades de la Administración Pública la información a que se refiere el párrafo anterior.

Este título tiene como objeto fundamental otorgar mayor transparencia al manejo de las Finanzas Públicas, a través de la creación de mecanismos para acceder a la información de carácter fiscal, a fin de que los ciudadanos puedan ejercer supervisión sobre las Finanzas Públicas y permitir una adecuada rendición de cuentas.

a) Información de finanzas públicas: aquella Información referida a materia presupuestaria, financiera y contable del Sector Público.

b) Gasto Tributario: se refiere a las exenciones de la base tributaria, deducciones autorizadas de la renta bruta, créditos fiscales deducidos de los impuestos por pagar, deducciones de las tasas impositivas e impuestos diferidos.

c) Gobierno General y Sector Público Consolidado: Se utilizarán las definiciones establecidas en la Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.

La publicación de la información a la que se refiere esta norma podrá ser realizada a través de los portales de Internet de las entidades, o a través de los diarios de mayor circulación en las localidades, donde éstas se encuentren ubicadas, así como a través de otros medios de acuerdo a la infraestructura de la localidad. El reglamento establecerá los mecanismos de divulgación en aquellas localidades en las que el número de habitantes no justifiquen la publicación por dichos medios.

La metodología y denominaciones empleadas en la elaboración de la información, deberán ser publicadas expresamente, a fin de permitir un apropiado análisis de la información.

Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, ésta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre, y comprenderá, para efectos de comparación, la información de los dos periodos anteriores.

Artículo 25º.- Información que deben publicar todas las Entidades de la Administración Pública

Toda Entidad de la Administración Pública publicará, trimestralmente, lo siguiente:

1. Su Presupuesto, especificando: los ingresos, gastos, financiamiento, y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales vigentes.

2. Los proyectos de inversión pública en ejecución, especificando: el presupuesto total de proyecto, el presupuesto del período correspondiente y su nivel de ejecución y el presupuesto acumulado.

3. Información de su personal especificando: personal activo y, de ser el caso, pasivo, número de funcionarios, directivos, profesionales, técnicos, auxiliares, sean éstos nombrados o contratados por un período mayor a tres (3) meses en el plazo de un año, sin importar el régimen laboral al que se encuentren sujetos, o la denominación del presupuesto o cargo que desempeñen; rango salarial por categoría y el total del gasto de remuneraciones, bonificaciones, y cualquier otro concepto de índole remunerativo, sea pensionable o no.

4. Información contenida en el Registro de procesos de selección de contrataciones y adquisiciones, especificando: los valores referenciales, nombres de contratistas, montos de los contratos, penalidades y sanciones y costo final, de ser el caso.

5. Los progresos realizados en los indicadores de desempeño establecidos en los planes estratégicos institucionales o en los indicadores que les serán aplicados, en el caso de entidades que hayan suscrito Convenios de Gestión.

Las Entidades de la Administración Pública están en la obligación de remitir la referida información al Ministerio de Economía y Finanzas, para que éste la incluya en su portal de Internet, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su publicación.

Artículo 26º.- Información que debe publicar el Ministerio de Economía y Finanzas

El Ministerio de Economía y Finanzas publicará, adicionalmente a lo establecido en el artículo anterior, la siguiente información:

1. El Balance del Sector Público Consolidado, dentro de los noventa (90) días calendario de concluido el ejercicio fiscal, conjuntamente con los balances de los dos ejercicios anteriores.

2. Los ingresos y gastos del Gobierno Central e Instancias Descentralizadas comprendidas en la Ley de Presupuesto del Sector Público, de conformidad con los Clasificadores de Ingresos, Gastos y Financiamiento vigente, trimestralmente, incluyendo: el presupuesto anual y el devengado, de acuerdo a los siguientes criterios (i) identificación institucional; (ii) clasificador funcional (función/programa); (iii) por genérica de gasto; y (iv) por fuente de financiamiento.

3. Los proyectos de la Ley de Endeudamiento, Equilibrio Financiero y Presupuesto y su exposición de motivos, dentro de los dos (2) primeros días hábiles de setiembre, incluyendo: los cuadros generales sobre uso y fuentes y distribución funcional por genérica del gasto e institucional, a nivel de pliego.

4. Información detallada sobre el saldo y perfil de la deuda pública externa e interna concertada o garantizada por el Sector Público Consolidado, trimestralmente, incluyendo: el tipo de acreedor, el monto, el plazo, la tasa de amortización pactada, el capital y los intereses pagados y por devengarse.

5. El cronograma de desembolsos y amortizaciones realizadas, por cada fuente de financiamiento, trimestralmente, incluyendo: operaciones oficiales de crédito, otros depósitos y saldos de balance.

6. Información sobre los proyectos de Inversión pública cuyos estudios o ejecución hubiesen demandado recursos iguales o superiores a mil doscientas (1 200) Unidades Impositivas Tributarías, trimestralmente, incluyendo: el presupuesto total del proyecto, el presupuesto ejecutado acumulado y presupuesto ejecutado anual.

7. El balance del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) dentro de los treinta (30) días calendario de concluido el ejercicio fiscal.

8. Los resultados de la evaluación obtenida de conformidad con los indicadores aplicados, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes de concluido el ejercicio fiscal.

Artículo 27º.- Información que debe publicar el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)

El FONAFE publicará, adicional mente a lo establecido en el artículo 25º, la siguiente información sobre las entidades bajo su ámbito:

1. El presupuesto en forma consolidada, antes del 31 de diciembre del año previo al inicio del período de ejecución presupuestal.

2. El Balance, así como la Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento, trimestralmente.

3. Los Estados Financieros auditados, dentro de los ciento veinte (120) días calendario de concluido el ejercicio fiscal.

4. Los indicadores de gestión que le serán aplicados, cuando se hayan celebrado Convenios de Gestión.

5. Los resultados de la evaluación obtenida de conformidad con los indicadores aplicados, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes de concluido el ejercicio fiscal.

Artículo 28º.- Información que debe publicar la Oficina de Normalización Previsional (ONP)

La ONP, en calidad de Secretaría Técnica del Fondo Consolidado de Reserva Previsional (FCR), publicará, adicionalmente a lo establecido en el artículo 25º, lo siguiente:

1. Los Estados Financieros de cierre del ejercicio fiscal de Fondo Consolidado de Reserva Previsional (FCR) y del Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU), antes del 31 de marzo de cada año.

2. Información referente a la situación de los activos financieros del FCR y del FONAHPU, colocados en las entidades financieras y no financieras y en organismos multilaterales donde se encuentren depositados los recursos de los referidos Fondos, así como los costos de administración, las tasas de interés, y los intereses devengados, trimestralmente.

Artículo 29º.- Información que debe publicar el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE)

El CONSUCODE publicará, trimestralmente, información de las adquisiciones y contrataciones realizadas por las Entidades de la Administración Pública, cuyo valor referencial haya sido igual o superior a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias. Para tal fin, la información deberá estar desagregada por Pliego, cuando sea aplicable, detallando: el número del proceso, el valor referencial, el proveedor o contratista, el monto del contrato, las valorizaciones aprobadas, de ser el caso, el plazo contractual, el plazo efectivo de ejecución, y el costo final.

DE LA TRANSPARENCIA FISCAL EN EL PRESUPUESTO, EL MARCO MACROECONÓMICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

1. Conjuntamente con la Ley de Presupuesto, la Ley de Equilibrio Financiero y la Ley de Endeudamiento interno y Externo, el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso un estimado del efecto que tendrá el destino del Gasto Tributario, por regiones, sectores económicos y sociales, según su naturaleza.

2. Asimismo, todo proyecto de Ley que modifique el Gasto Tributario, deberá estar acompañado de una estimación anual del impacto que dicha medida tendría sobre el presupuesto público y su efecto por regiones, sectores económicos y sociales, según su naturaleza.

El Marco Macroeconómico Multianual deberá contener, además de lo dispuesto por el artículo 10º de la Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, la siguiente información:

1. Un análisis sobre riesgos fiscales por variaciones sustanciales en los supuestos macroeconómicos, conteniendo una indicación sobre las medidas contingentes a adoptar ante éstas.

2. Una relación completa de las exoneraciones, subsidios y otros tipos de Gasto Tributario que el Sector Público mantenga, con un estimado del costo fiscal de cada uno de ellos, así como un estimado del costo total por región y por sector económico y social, según su naturaleza.

Artículo 32º.- Consistencia del Marco Macroeconómico Multianual con los Presupuestos y otras Leyes Anuales

1. La exposición de motivos de la Ley Anual de Presupuesto, incluirá un cuadro de consistencia con el Marco Macroeconómico Multianual, desagregado los ingresos, gastos y resultado económico para el conjunto de las entidades dentro del ámbito de la Ley Anual de Presupuesto, del resto de entidades que conforman el Sector Público Consolidado.

2. La exposición de motivos de la Ley Anual de Endeudamiento, incluirá la sustentación de su compatibilidad con el déficit y el consiguiente aumento de deuda previsto en el Marco Macroeconómico Multianual.

Artículo 33º.- Responsabilidad respecto del Marco Macroeconómico Multianual

1. La Declaración de Principios de Política Fiscal, a que hace referencia el artículo 10º de la Ley Nº 27245 será aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución Ministerial.

2. Toda modificación al Marco Macroeconómico Multianual que implique la alteración de los parámetros establecidos en la Ley Nº 27245, deberá ser realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la referida Ley y previa sustentación de las medidas que se adoptarán para realizar las correcciones.

Artículo 34º.- Rendición de cuentas de las Leyes Anuales de Presupuesto y de Endeudamiento

1. Antes del último día hábil del mes de marzo de cada año, el Banco Central de Reserva del Perú remitirá a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas la evaluación sobre el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Marco Macroeconómico del año anterior, así como sobre las reglas macrofiscales establecidas en la Ley Nº 27245. Dicho informe, conjuntamente con la evaluación del presupuesto a que se refiere la Ley Nº 27209, será remitido al Congreso a más tardar el último día de abril.

2. El Ministro de Economía y Finanzas sustentará ante el Pleno del Congreso, dentro de los 15 días siguientes a su remisión, la Declaración de Cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27245. La Declaración de Cumplimiento contendrá un análisis sobre el incremento en la deuda bruta, las variaciones en los depósitos, haciendo explícita la evolución de los avales, canjes de deuda, y obligaciones pensionarias, así como el grado de desviación con relación a lo previsto.

3. En la misma oportunidad a que se refiere el numeral precedente, el Ministro informará sobre el cumplimiento de la asignación presupuestal, con énfasis en la clasificación funcional, y el endeudamiento por toda fuente, así como de los avales otorgados por la República.

La Presidencia del Consejo de Ministros, con una anticipación no menor de tres (3) meses a la fecha establecida para las elecciones generales, publicará una reseña de lo realizado durante su administración y expondrá sus proyecciones sobre la situación económica, financiera y social de los próximos cinco (5) años. El informe deberá incluir, además, el análisis de los compromisos de inversión ya asumidos para los próximos años, así como de las obligaciones financieras, incluyendo las contingentes y otras, incluidas o no en el Presupuesto.

Artículo 36º.- Elaboración de Presupuestos y ampliaciones presupuestarias

1. Las entidades de la Administración Pública cuyo presupuesto no forme parte del Presupuesto General de la República, deben aprobar éste a más tardar al 15 de diciembre del año previo a su entrada en vigencia, por el órgano correspondiente establecido en las normas vigentes.

2. Toda ampliación presupuestaria, o de los topes de endeudamiento establecidos en la Ley correspondiente, se incluirán en un informe trimestral que acompañará la información a que se refiere el artículo precedente, listando todas las ampliaciones presupuestarias y analizando las implicancias de éstas sobre los lineamientos del Presupuesto y el Marco Macroeconómico.

Primera.- La Administración Pública contará con un plazo de ciento cincuenta (150) días a partir de la publicación de la presente Ley para acondicionar su funcionamiento de acuerdo a las obligaciones que surgen de su normativa. Regirán dentro de ese plazo las disposiciones del Decreto Supremo Nº 018-2001-PCM, de Decreto de Urgencia Nº 035-2001 y de todas las normas que regulan el acceso a la información. Sin embargo, los artículos 8º, 11º y 20º referidos a entidades obligadas a informar, al procedimiento y, el costo de reproducción respectivamente, entran en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente Ley. El Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios respectivos y del Consejo Nacional de Inteligencia, en su calidad de órgano rector del más alto nivel del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), elaborará el reglamento de la presente Ley, el cual será aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir de la vigencia de la presente Ley.

Segunda.- Las entidades del Estado que cuenten con procedimientos aprobados referidos al acceso a la información, deberán adecuarlos a lo señalado en la presente Ley.

REGULANDO FABRICACION, IMPORTACION, DEPOSITO, TRANSPORTE, COMERCIALIZACION Y USO DE PRODUCTOS PIROTECNICOS

LEY QUE REGULA LA FABRICACION, IMPORTACION, DEPOSITO, TRANSPORTE, COMERCIALIZACION Y USO DE PRODUCTOS PIROTECNICOS

La fabricación, depósito, transporte, comercialización y uso de toda clase de artículos pirotécnicos detonantes o deflagrantes, está bajo control del Estado y se sujeta a las disposiciones de esta Ley y normas complementarias.

2.1 Toda actividad relativa a fabricación, importación, depósito, transporte, comercialización y uso de artículos pirotécnicos detonantes, sin excepción; y la fabricación, importación, depósito, transporte y comercialización de los artículos pirotécnicos deflagrantes, requiere autorización previa escrita otorgada por el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y explosivos de uso Civil (DICSCAME) o la dependencia pública que cumpla sus funciones fuera de Lima y esté expresamente autorizada en cada provincia.

2.2 Para obtener la autorización a que se refiere el presente artículo, es requisito indispensable que toda persona, natural o jurídica, dedicada a la fabricación, importación, depósito, transporte y comercialización de productos pirotécnicos detonantes, cuente con un seguro obligatorio contra accidentes para sus trabajadores, así como para terceras personas que sufrieran daños como producto de tales accidentes.

Dicho seguro deberá incluir los daños a la vida, a la integridad personal y a la propiedad de las personas.

2.3 Las empresas aseguradoras están obligadas a informar de la cancelación o anulación de la pólizas de seguro a que se refiere el párrafo anterior, al Ministerio del Interior, quien procederá a la inmediata cancelación de la autorización. El cumplimiento de la presente norma por las aseguradoras, se sanciona con multa entre 0.5 y 10 Unidades Impositivas Tributarias.

Mediante Decreto Supremo, refrentado por los Ministros del Interior y de Justicia, se reglamentarán los alcances de los Artículos 1º y 2º de la presente de Ley, en un plazo de cuarenta y cinco días (45) contados a partir de su publicación.

1. La relación de características de cada uno de los artículos pirotécnicos detonantes que deben ser objeto de prohibición, así como los que pueden ser objeto de autorización y venta al publico.

2. Requisitos de autorización para la fabricación, importación, exportación, comercialización, depósito, transporte y operación, con fijación de plazos para cada caso.

3. La capacitación de personas naturales o jurídicas autorizadas por la DICSCAME, que realizan las actividades señalada en el inciso superior.

4. Las personas naturales capacitadas que podrán operar los artículos pirotécnicos.

6. Las características de los lugares donde hayan de fabricarse, depositarse, comercializarse, y utilizarse los artículos pirotécnicos.

7. Los requisitos y características con que deberán acometerse las acciones de fabricación, importación, comercialización, depósito y utilización de artículos pirotécnicos.

8. Los requisitos que deberán observarse para realizar el transporte de artículos pirotécnicos.

9. La cantidad y clase de artículos pirotécnicos que pueden fabricarse, importante, comercializarse y operarse en cada evento determinado.

10. Disposiciones de seguridad y control de los artículos pirotécnicos, para su correcta fabricación, importación, comercialización manipulación, depósito, transporte y operación.

11. La relación de artículos pirotécnicos destinados a la supervivencia o auxilio.

12. El Registro de personas autorizadas para fabricar, importar, comercializar, almacenar, transportar y operar artículos pirotécnicos llevados por la DICSCAME.

4.1 Dentro de los noventa (90) días de publicado el Reglamento de esta Ley, las Municipalidades Provinciales respecto del área del distrito del Cercado; y las Municipalidades Distritales de la República, bajo responsabilidad solidaria de los miembros del Consejo Municipal y mediante Ordenanza, dictarán las medidas de su competencia, para determinarlos lugares públicos en que se puedan usar artículos pirotécnicos deflagrantes (fuegos artificiales).

4.2 La licencia de funcionamiento municipal para la fabricación, comercialización, depósito o cualquier otra actividad comercial de artículos pirotécnicos, se otorgará siempre y cuando el peticionante cuente con autorización concedida por la DICSCAME.

Artículo 5º.- Uso de artículos pirotécnicos por Fuerzas Armadas y Policía Nacional

El uso de artículos pirotécnicos detonantes, explosivos y otros de naturaleza análoga por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, se rige por sus propias disposiciones. El uso de los mismos artículos pirotécnicos con fines propios de la navegación aérea o marítima, igualmente, se requiere por sus propias normas.

6.1 Las personas naturales y los representantes legales de las personas jurídicas que fabriquen, importen, exporten, depositen, transporten y comercialicen productos pirotécnicos de cualquier tipo, sin cumplir con el requisito de la autorización previa a que se refiere el Artículo 2º o los que vendan estos productos a menores de edad, serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni menor de ocho años y trescientos sesenta y cinco días multa.

6.2 La pena será no menor de cinco ni mayor de diez, si a causa de la fabricación, importación, depósito, transporte y comercialización de artículos pirotécnicos, se produjesen lesiones graves o muerte de personas.

6.3 Sin perjuicio de que el Juez gradúe la pena conforme a lo dispuesto en el Artículo 46º del Código Penal, también deberá tener en consideración la importancia de las acciones típicas, la cantidad de material empleado en el hecho punible y además circunstancias que fueran pertinentes.

Deróganse o déjanse en suspenso todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente Ley.

La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Haciendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto aprobado en sesión de la Comisión Permanente realizada el día 23 de Enero de Política del Estado, ordenado que se publique y cumpla.

CARLOS FERRERO, Presidente del Congreso de la República.- HENRY PEASE GARCIA, Primer Vicepresidente del Congreso de la República.

PROMULGANDO LEY DE PREVENCION Y SANCION DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL LEY Nº 27942

La presente Ley tiene por objeto prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera sea forma jurídica de esta relación.

1. En Centros de Trabajo públicos y privados: a los trabajadores o empleadores, al personal de dirección o de confianza, al titular, asociado, director accionista o socio de la empresa o institución; asimismo, a los funcionarios o servidores públicos cualquiera que sea el régimen laboral.

2. En Instituciones Educativas: a los promotores, organizadores, asesores, directores, profesores, personal administrativo, auxiliar o de servicios de los centros y programas educativos, institutos superiores, sean públicos, privados, comunales, cooperativos parroquiales u otros, cualquiera que sea su régimen o forma legal.

3. En Instituciones Policiales y Militares: al personal policial y militar, al personal civil que trabaja dentro de dichas instituciones, al personal de servicio o auxiliar y a los terceros que prestan servicios para tales entidades bajo el ámbito del Código Civil o la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado.

4. A las demás personas intervinientes en las relaciones de sujeción no reguladas por el derecho laboral, ales como la presentación de servicios sujetas a las normas del Código Civil, la formación de aprendices del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI), los programas de Capacitación para el trabajo, el acceso a centros de educación superior, y otras modalidades similares.

1.- Hostigador: Toda persona, varón o mujer, que realiza un acto de hostigamiento sexual señalado en la presente Ley.

2. Hostigado: Toda persona, varón o mujer, que es víctima de hostigamiento sexual.

El hostigamiento sexual Típico o Chantaje Sexual cosiste en la conducta física o verbal reiterada de la naturaleza sexual no deseada y/o rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa, en contra de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad así como sus derechos fundamentales.

Para que se configure el hostigamiento sexual debe representarse alguno de los elementos constitutivos siguientes:

a) El sometimiento a los actos de hostigamiento sexual es condición a través del cual la víctima accede, mantiene o modifica su situación laboral, educativa, policial, militar, contractual o de otra índole.

b) El rechazo a los actos de hostigamiento sexual generan que se tomen decisiones que conlleven a afectar a la víctima en cuanto a su situación laboral, educativa, policial, militar, contractual o de otra índole de la víctima.

El hostigamiento sexual puede manifestarse por medio de las conductas siguientes:

a) Promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente y/o beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales.

b) Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad.

c) Uso de términos de naturaleza o connotación sexual (escritos o verbales), insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima.

d)Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivos y no deseados por la víctima.

e)Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas en este artículo.

Los empleadores deberán mantener en el centro de trabajo condiciones de respeto entre los trabajadores. Cumpliendo con las siguientes obligaciones:

a) Capacitar a los trabajadoras sobre las normas y políticas contra el hostigamiento sexual en la empresa.

b) Repara los perjuicios laborales ocasionados al hostigado y adoptar las medidas necesarias para que cesen las represalias ejercidas por el hostigador.

c)Informar al Ministerio de Trabajo y omisión del Empleo los casos de hostigamiento sexual y el resultado de las investigaciones efectuadas, para verificar el cumplimiento de la presente Ley.

El Ministerio de Trabajo, incluirá dentro del reglamento, las disposiciones que resulten pertinentes.

Si el hostigador es el empleador, personal de dirección, personal de confianza, titular, asociado, director o accionista, el hostigado puede optar entre accionar el cese de la hostilidad o el pago de la indemnización, dando por terminado el contrato de trabajo, conforme al artículo 35º del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR

La puede acudir al juez competente, quien de oficio o a pedido de parte puede disponer que el procedimiento judicial sea de carácter reservado.

En lo que resulte pertinente, es aplicable el artículo 36º del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo Nº 003-97.TR.

Artículo 11º.- De los Trabajadores y Socios Trabajadores de las Empresas de Servicios y Cooperativas

Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a los trabajadores y socios trabajadores de las empresas de servicios y de las cooperativas respectivamente.

Si el hostigamiento sexual se presenta en el centro de trabajo o de opresiones de la empresa usuaria, es de aplicación la disposición contenida en el Capítulo V.

Los funcionarios y servidores públicos sujetos al régimen laboral público, que hayan incurrido en actos de hostigamiento sexual serán sancionados, según gravedad, conforme al artículo 28º inciso f) del Decreto Legislativo Nº276

La determinación de la responsabilidad administrativa del funcionario o servidor público, que realiza actos de hostigamiento sexual, se tramita conforme al procedimiento administrativo - disciplinario previsto en el Decreto Legislativo Nº276 y su Reglamento.

Artículo 14º.- De la Acción Contencioso Administrativa de Carácter Laboral

El procedimiento contencioso administrativo laboral para impugnar la decisión a que se refiere el artículo 14º de la presente Ley, es el previsto en la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo.

Artículo 15º.- De la Responsabilidad Solidaria del Funcionario Responsable

En el caso que haya conocido del acto de hostilidad, el titular de institución pública o el funcionario encargado de ordenar la instauración del proceso administrativo disciplinario, y no haya adoptado las acciones oportunas y adecuadas para tramitar, investigar y sancionar los hechos, será responsable solidario por el pago de la indemnización que corresponde al hostigador, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.

Artículo 16.- De la aplicación Supletoria de las Normas Aplicadas al Régimen Laboral Privado.

En tanto no contravengan las disposiciones del presente capítulo, son de aplicación supletoria a los funcionarios o servidores públicos, sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo No. 276, las normas contenidas en el Capítulo I del Titulo II de la presente Ley.

Los directores y profesores de los centros y programas educativos públicos que incurran en actos de hostigamiento sexual son sancionados, según la gravedad

de los hechos, conforme a la Ley Nº 24029, modificada por la Ley Nº 25212 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-90-ED.

Son de aplicación las normas referidas en el párrafo anterior, al personal jerárquico o docente de los institutos y escuelas de educación superior, comprendidos en las normas correspondientes.

Los servidores administrativos de los Centros y Programas Educativos están incursos en los alcances del Capítulo II del Título II de la presente Ley.

Los directores, profesores y trabajadores de los Centros Educativos privados están sujetos al procedimiento establecido en el Capítulo I, del Título II de la presente Ley.

Los profesores universitarios que incurran en actos de hostigamiento sexual serán sancionados conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 23733, Ley Universitaria.

Los trabajadores de las universidades privadas y públicas se sujetan a lo establecido en los Capítulos I y II del Título II de la presente Ley.

Artículo 19º Del Procedimiento Disciplinario para los Profesores Universitarios

La sanción al profesor universitario se impone, previo proceso administrativo disciplinario, conforme al artículo 51º de la Ley Nº 23733, Ley Universitaria y los estatutos de cada universidad.

El hostigado tiene derecho a exigir en la vía civil sumarísimo, el pago de una indemnización por el daño sufrido, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que se imponga a los profesores y directores de los centros y programas educativos, al personal jerárquico y docentes de los institutos y escuelas de educación superior no universitaria y a los docentes universitarios que resultan responsables.

Son responsables solidarios de la indemnización a que se refiere el párrafo precedente, los funcionarios públicos encargados de instaurar los procesos administrativos respectivos, si han conocido del acto de hostigamiento sexual y no han dispuesto la acción de personal pertinente para tramitar, investigar y sancionar la conducta prohibida.

El personal de la Policía Nacional del Perú y de la Fuerzas Armadas que incurran en actos de hostigamiento sexual, según gravedad de los hechos y previo pronunciamiento del respectivo Consejo de Investigación, pasará a situación de disponibilidad o de retiro por medida disciplinaria, según el caso y conforme al procedimiento previsto en las normas internas de los institutos en mención. Agotado el procedimiento interno, el hostigado tiene el derecho de acudir a la vía civil en proceso sumarísimo para reclamar el pago de indemnización correspondiente.

Son responsables solidarios de la indemnización a que se refiere el párrafo precedente, el personal de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas encargado de disponer las investigaciones administrativas, si ha conocido de los actos de hostigamiento sexual y no ha dispuesto de las medidas para investigar y sancionar esta conducta.

Artículo 22º.- De la Sanción en las relaciones no Reguladas por el Derecho Laboral.

Si el acto de hostigamiento sexual se presenta en una relación no regulada por el Derecho Laboral, la víctima tiene el derecho al pago de una indemnización por el daño sufrido, la cual se tramita en la vía civil en proceso sumarísimo.

Primera.- De la modificación del artículo 30º del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo Nº728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº003-97-TR

Modificase el inciso g) del artículo 30º del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo Nº728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº003-97-TR, bajo los términos siguientes:

"g) Los actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador".

Adiciónase un último párrafo al artículo 30º del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo Nº728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº003-97-TR, bajo los términos siguientes:

"Los actos de hostigamiento se investigan y sancionan conforme a la ley sobre la materia"

Segunda.- De la modificación de los artículos 23º y 28º del Decreto Legislativo Nº276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público

Modifíquese el inciso f) y adiciónese el inciso g) del artículo 23º y modificase el inciso 1) y adiciónase el inciso m) del artículo28º del Decreto Legislativo Nº276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, con lo texto siguientes:

Artículo 28º.- Son faltas de carácter disciplinario que según su gravedad, pueden ser sancionadas con ese temporal o con destrucción, previo proceso administrativo:

l) El incurrir en actos de hostigamiento sexual, conforme a la ley sobre la materia.

Tercera.- De la inclusión del inciso f) del artículo 14º de la Ley Nº24029, Ley del Profesorado

Adiciónase el inciso f) al artículo 14º de la Ley Nº24029, Ley del Profesorado, en los siguientes términos:

"f) No incurrir en actos de hostigamiento sexual, conforme a la ley sobre la materia".

Cuarta.- De la modificación del inciso d) del artículo 51º de la Ley Nº23733, Ley Universitaria

Modifícase el inciso d) del artículo 51º, Ley Nº23733, Ley Universitaria, bajo los términos siguientes:

Quinta.- de la modificación del inciso b) del numeral 2, del artículo 4º de la Ley Nº26636, Ley Procesal del Trabajo

Modifícase el inciso b), numeral 2 del artículo 4º de la Ley Nº26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley Nº27242, bajo los términos siguientes:

"b) Cese de actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos de hostigamiento sexual, conforme a la ley sobre la materia."

Sexta.- De la modificación de los artículos 40° y 57° del Decreto Legislativo Nº745, Ley de Situación Policial del Personal de la Policía Nacional del Perú

Modifícanse los artículos 40° y 57° del Decreto Legislativo Nº745, Ley de Situación Policial del Personal de la Policía Nacional del Perú, bajo los términos siguientes:

"Artículo 40°.- EL pase a la situación de Disponibilidad por Medida Disciplinaria, se producirá por faltas graves contra el servicio, cuando la conducta del personal policial afecte el honor, decoro, deberes policiales y por actos de hostigamiento sexual, independientemente de la sanción penal que pudiera corresponderle, si el hecho o hechos que se le imputan legalmente están previstos como delito, previa recomendación del Consejo de Investigación. El personal policial deberá previamente ser citado, oído y examinadas las pruebas de descargo por el Consejo de Investigación, el que luego de estos trámites emitirá su pronunciamiento respectivo.

Asimismo, el pase a la situación de disponibilidad, se producirá cuando se constate que el personal policial presta servicios remunerados a entidades o personas ajenas a la Policía Nacional, siguiéndose el procedimiento precisado en el párrafo precedente.

Artículo 57°.- El pase a la Situación de Retiro por Medida Disciplinaria, se producirá por faltas graves contra el servicio, cuando la mala conducta del Personal Policial afecte gravemente el honor, decoro, deberes policiales y por actos de hostigamiento sexual, independientemente de la sanción penal que pudiera corresponderle, si el hecho o hechos que se le imputan están previstos como delitos por la Ley, previa recomendación del Consejo de Investigación. El personal policial deberá, previamente, ser citado, oído y examinadas las pruebas de descargo por el Consejo de Investigación, el que luego de estos trámites emitirá su pronunciamiento respectivo."

Sétima.- De la inclusión del inciso d) en el artículo 65° del Decreto Legislativo Nº745, Ley de Situación Policial del Personal de la Policía Nacional del Perú

Adicionase el inciso d) en el artículo 65° del Decreto Legislativo Nº745, Ley de Situación Policial del Personal de la Policía Nacional, bajo los términos siguientes:

"d) No realizar actos de hostigamiento sexual, conforme a la ley sobre la materia".

Octava.- De la modificación de los artículos 38° y 61° del Decreto Legislativo Nº752, Ley de Situación Militar de los Oficiales del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea

Modifícanse los artículos 38° y 61° del Decreto Legislativo Nº752, Ley de Situación Militar de los Oficiales del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea, con los textos siguientes:

"Artículo 38º.- El pase a la Situación de Disponibilidad por Medida Disciplinaria, se producirá por faltas graves contra el servicio, cuando la conducta del Oficial afecte el honor, decoro, deberes militares y por actos de hostigamiento sexual, independientemente de la sanción penal que pudiera corresponderle si el hecho o hechos que se le imputan legalmente están previstos como delito, previa recomendación del Consejo de Investigación. El Oficial deberá previamente ser citado, oído y examinadas las pruebas del descargo por el Consejo de Investigación, el que luego de estos trámites emitirá su pronunciamiento respectivo.

Artículo 61º.- El pase a la Situación de Retiro por Medida Disciplinaria, se producirá por faltas graves contra el servicio, cuando la mala conducta del Oficial afecte gravemente el honor, decoro, deberes militares y por actos de hostigamiento sexual, independientemente de la sanción penal que pudiera corresponderle, si el hecho o hechos que se le imputan están previstos como delitos por la Ley, previa recomendación del Consejo de Investigación. El Oficial deberá previamente ser citado, oído y examinadas las pruebas de descargo por el Consejo de Investigación, el que luego de estos trámites emitirá su pronunciamiento respectivo".

La denuncia por hostigamiento sexual, en cualquiera de las modalidades que establece la presente Ley y todos sus efectos investigatorios y de sanción administrativa sin restricción alguna, tiene carácter reservado confidencial.

Cuando la queja o demanda de hostigamiento sexual es declarada infundada por resolución firme, la persona a quien se le imputan los hechos en la queja o demanda, tiene expedito su derecho a interponer judicialmente las acciones pertinentes. En este caso, el supuesto hostigado denunciante queda obligado a pagar la indemnización que fije el Juez respectivo.

El empleador, por el mérito de sentencia firme que declare infundada la queja o demanda de hostigamiento, puede resolver justificadamente el contrato de trabajo con el trabajador privado. Para el caso de los trabajadores sujetos al régimen laboral, se procederá el cese definitivo.

En el caso de las instituciones educativas, policiales y militares, el director o la autoridad policial o militar competente, podrá disponer la separación definitiva del alumno o el pase a la situación de disponibilidad o de retiro por medida disciplinaria, según sea el caso.

Los Trabajadores del Hogar que sean víctimas de hostigamiento sexual tienen derecho a acogerse a las acciones establecidas en la presente Ley, en el capítulo pertinente a los servidores del sector privado.

El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de novena (90) días, aprobará el reglamento respectivo.

Deróganse las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente Ley o limiten su aplicación.

CARLOS FERRERO, Presidente del Congreso de la República.- JESUS ALVARADO HIDALGO, primer Vicepresidente del Congreso de la República.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima a los veintiséis días del mes de Febrero del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO, Presidente Constitucional de la República.- LUIS SOLARI DE LA PUENTE, Presidente del Consejo de Ministros.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC se aprobó el Reglamento Nacional De Tránsito, el cual ha sido modificado por los Decretos Supremos Nos. 012,002, 026, 039 y 040-2002-MTC;

Que, el Régimen de Fiscalización establecido en el Reglamento Nacional De Tránsito contiene disposiciones que presentan deficiencias en su aplicación por parte de las autoridades competentes, por lo que resulta necesario introducir modificaciones específicas que permitan superarlas, adecuando dicho Régimen al ordenamiento jurídico vigente;

Que, mediante Decreto Supremo No 038-2002-MTC modificado por Decreto Supremo No 043-2002-MTC, se constituyó la Comisión de Trabajo Multisectorial encargada de estudiar, identificar y analizar los problemas vinculados al transporte urbano de pasajeros y, en especial, proponer mecanismos para la imposición de sanciones de sanciones por infracciones de tránsito, de manera tal que los defectos y deficiencias referidos en el párrafo precedente han sido abordadas y analizadas por la citada Comisión, de cuyo trabajo ha salido la propuesta de modificaciones que contiene el presente dispositivo, dando cumplimiento de este modo a uno de los objetivos de su conformación, de acuerdo al artículo primero del acotado dispositivo;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118o de la Constitución del Perú y la Ley No 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre;

Artículo 1o.- Modifiquense los artículos 85o y 146o, el numeral 2 del artículo 240o, los artículos 251o, 253o y 256o, las tipificaciones y Calificaciones A.10, C.14, C.28, C.37, C.38, C.42, C.44, C.45, C.46, E.29, F.3, F.9 y G.4 del artículo 296º; los numerales 3) y 4) del artículo 299º; los artículos 311º,314º, 324º, 326º, 327º y 329º, el numeral 2) del artículo 336º; los artículos 3381 y 340º y el Rubro I "Conductores" del Anexo "Cuadro de Tificación, Multas y Medidas Preventivas aplicables a las Infracciones del Tránsito Terrestre"; del Reglamento Nacional de Transito, aprobado por Decreto Supremo Nº033-2001-MTC y modificado por los Decretos Supremos Nos. 012, 022, 026, 039 y 040-2002-MTC, los mismos que quedarán redactados con los siguientes textos:

"Artículo 85º.- El uso de cinturones de seguridad es obligatorio para las personas que ocupan los asientos delanteros de los vehículo a mayores y, tratándose de los vehículos menores de tres ruedas, será obligatorio para los pasajeros.

Artículo 146º.- Los vehículos menores, cuando circules por una vía, deben de hacerlo por el carril de la derecha, de manera ordenada y sin hacer maniobras que pongan en riesgo la vida de los ocupantes del vehículo y la de terceros.

Conducir un vehículo con la salida del tubo de escape en la parte derecha, de modo tal que las emisiones o gases sean expulsados hacia la acera por donde circulan los peatones.

Artículo 251º.- El uso de faros, luces y dispositivos retrorreflectivos adicionales a los establecidos en los Reglamentos Nacionales de Tránsito y de Vehículo está restringido a la utilización de faros rompe nieblas y busca huellas de zonas de neblina y siempre que éstas se encuentren fuera de radio urbano, sea en vía asfaltadas, afirmadas, no afirmadas, trochas o similares.

Artículo 253º.-Los vehículos automotores mayores, según el tipo y la clase, deben estar provistos de cinturones de seguridad para lo asientos de los pasajeros.

Artículo 256º.- El uso de lunas o vidrios polarizados o acondicionados de modo tal que impida la visibilidad del interior del vehículo, está permitido únicamente a los vehículos que cuenten con la autorización expresa de la autoridad competente para tal efecto.

INFRACCION CALIFICACION

E.29 Abandonar el vehículo en zonas Muy Grave prohibidas para el estacionamiento.

3) Internamiento del vehículo en el DMV: Ingreso del vehículo DMV dispuesto por la Comisaría de la Policía Nacional del Perú al no haberse superado la falta o deficiencia que motivó la retención del vehículo dentro del plazo referido en el numeral 1), salvo los casos que el presente Reglamento o la autoridad competente disponga el ingreso directo del vehículo al DMV sin que medie retención previa. La medida preventiva de internamiento del vehículo al DMV sin que medie retención previa. La medida preventiva de internamiento del vehículo se mantendrá hasta que el infractor cumpla con pagar la multa que corresponda a la infracción cometida y, según la naturaleza de la falta o deficiencia que motivó la medida, hasta que se subaste o se supere ésta. De producirse la absolución del presunto infractor, se procederá al levantamiento de la respectiva medida preventiva, devolviéndose el vehículo a su propietario.

4) Retención de la Licencia de Conducir: Acto de incautación del documento que autoriza la conducción del vehículo, realizado por el efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al control de transito. Cuando se aplique la medida preventiva por la comisión de infracción sobre la que deba rehacer la sanción de Suspensión de la Licencia de Conducir, esta medida se mantendrá hasta el pago efectivo de la multa correspondiente y el cumplimiento de la sanción de Suspensión o, de ser el caso, hasta la expedición de la Resolución de Absolución del presunto infractor. Cuando se aplique la presente medida preventiva por la comisión de infracción sobre la que debe recaer la sanción de Cancelación o Inhabilitación Temporal o Definitiva del conductor para obtener Licencia de Conducir, esta medida se mantendrá hasta que quede firme la Resolución de sanción, caso en el cual se procederá a la inutilización o destrucción de la Licencia de Conducir, o hasta que se absuelva al presunto infractor, en cuyo caso se procederá a la devolución de la Licencia de Conducir.

El efectivo policial que aplique la presente medida preventiva deberá adoptar las previsiones del caso para impedir que el conductor afectado con la medida siga conduciendo el vehículo intervenido.

Artículo 311º.- La aplicación de sanciones se debe hacer de la siguiente manera:

1) Infracciones Muy Graves (MG): Multa equivalente al 10% de la Unidad Impositiva Tributaria o multa equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria conjuntamente con la aplicación de otra sanción administrativa no pecuniaria, salvo que el Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a las infracciones al tránsito Terrestre establezca sanciones distintas.

2) Infracciones Graves (G): Multa equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria; y

3) Infracciones Leves (L): Multa equivalente al 2% de la Unidad Impositiva Tributaria.

El monto de la Unidad Impositiva Tributaria será el vigente a la fecha de pago.

Artículo 314º.- Las sanciones no pecuniarias de suspensión o cancelación de la Licencia de Conducir o Inhabilitación temporal o definitiva del conductor para obtener la Licencia, tratándose de infracciones de los conductores calificadas como muy graves, tendrán el tratamiento que se consigna en el siguiente Cuadro:

REINCIDENCIA SANCION ORIGINAL	PRIMERA REINCIDENCIA	SEGUNDA REINCIDENCIA
Primera sanción de Suspensión de la Licencia de Conducir por seis (6) meses	Se sanciona con Suspención de la Licencia de Conducir por un (1) año.	Se sanciona con Cancelación de la Licencia de Conducir e Inhabilitación para obtener nueva Licencia por tres (3) años.
Primera sanción de Suspensión de la Licencia de Conducir por un (1) año	Se sanciona con Cancelación de la Licencia de Conducir e Inhabilitación para obtener licencia de Conducir por dos (2) años	Se sanciona con Inhabilitación Definitiva del Conductor para obtener licencia de Conducir.
Primera sanción de Suspensión de la Licencia de Conducir	Se sanciona con Inhabilitación del conductor para obtener Licencia de Conducir por tres (3) años	Se sanciona con Inhabilitación Definitiva del Conductor para obtener licencia de Conducir.
Primera sanción de Inhabilitación Temporal del Conductor para obtener Licencia de Conducir.	Inhabilitación Definitiva del conductor para obtener Licencia de Conducir.

Artículo 324º.- La detección de infractores por incumplimiento de las normas de tránsitos terrestre corresponde a la autoridad competente, la misma que, para tal efecto, cuenta con el apoyo de la Policía Nacional del Perú asignada al control de tránsito, la que realizarán acciones de control del tránsito, la que realizará acciones de control en la vía pública o podrá utilizar medios electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos que permitan verificar la comisión de infracciones de manera verosímil.

Cuando se detecten infracciones mediante acciones de control en la vía pública, el efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al control del tránsito levantará la denuncia o papeleta por la comisión de las infracciones que corresponden.

Cuando se detecten infracciones al tránsito mediante los medios o mecanismos electrónicos, computarizados o tecnológicos mencionados en el párrafo primero del presente artículo, el funcionario de la Policía Nacional del Perú responsable del tránsito terrestre en la jurisdicción, deberá levantar la denuncia o papeleta y aparejarla con el testimonio documental, fílmico, fotográfico, electrónico o magnético que permita verificar su comisión.

Artículo 326º.- Son requisitos de validez de las papeletas que se levanten por la comisión de infracciones de tránsito por parte de los conductores, las siguientes:

2. Apellidos, nombres, domicilio y número del documento de identidad del conductor.

5. Número de la Tarjeta de Identificación Vehicular o, en su caso, de la tarjeta de Propiedad del vehículo.

8. Información adicional que contribuya a la determinación precisa de la infracción denunciada.

10. Identificación y firma del efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al control del tránsito que realiza la intervención, precisando apellidos, nombres y documento de identificación.

La ausencia de cualquiera de los requisitos de validez que anteceden estará sujeta a las consecuencias jurídicas señaladas en el numeral 2 del artículo 10º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 327º.- Para el levantamiento de la papeleta por infracción detectada en acción de control en la vía pública, el efectivo de la Policía Nacional del Perú interviniente debe ordenar al conductor que detenga el vehículo. Acto seguido, se debe acercar a la ventanilla del lado del conductor a fin de solicitarle su Licencia de Conducir y la Tarjeta de Identificación vehicular o, en caso, Tarjeta de Propiedad, a efectos de levantar la papeleta. Los documentos mencionados deben ser devueltos conjuntamente con la copia de la papeleta firmada por el conductor y el efectivo de la Policía Nacional del Perú inteviniente. En caso que la persona intervenida se niegue a firmar la papeleta, el efectivo policial debe dejar constancia del hecho en la misma papeleta. En ambos casos se entenderá debidamente notificado al conductor con la entrega de la papeleta.

Tratándose de infracciones detectadas mediante la utilización de medios electrónicos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos que permitan verificar su comisión de manera verosímil, así como en los casos en que no se identifique al conductor del vehículo, la papeleta que levante el funcionario de la Policía Nacional del Perú responsable del tránsito deberá ser notificada en el domicilio del propietario del vehículo, de acuerdo a la información que figure en el Registro de Propiedad Vehicular, presumiéndose a éste como responsable de la comisión de la infracción, salvo que acredite de manera indubitable que lo había enajenado a no estaba bajo su tenencia o posesión, debiendo denunciar en este supuesto al comprador, tenedor o poseedor del vehículo como responsable.

En todos los casos, el propietario del vehículo asumirá responsabilidad solidaria con el conductor cuando se trate de la comisión de infracciones consistentes en conducir careciendo de licencia, no corresponder a ésta la clase o categoría requeridas o en contraste ésta retenida, suspendida, cancelada o inhabilitada por cualquier causa.

Artículo 329º.- Para el caso de la detención de infracciones realizadas mediante acciones de control, el procedimiento sancionador se inicia con la entrega de la copia de la papeleta de infracción al conductor.

a) Presentar su reclamo de improcedencia que la autoridad competente señale como organismo encargado de fiscalizar en tránsito, dentro de los siete (7) días hábiles contados a partir el día siguiente de la notificación de la presunta infracción. Dicho organismo contará con área responsable de conducir la fase instructora y con un área responsable de la aplicación de la aplicación de la sanción.

No será exigible la diferenciación entre los funcionarios encargados de conducir la fase de instrucción y la aplicación de la sanción, cuando la estructura organizativa de la autoridad competente no lo permita. En este caso, el organismo encargado de la autoridad competente contará con una sola instancia para instruir el procedimiento y aplicar la sanción.

b) El área responsable de conducir la fase instructora deberá remitir el expediente de reclamación al área encargada de aplicar la sanción dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de su presentación, conjuntamente con su dictamen proponiendo la sanción a aplicar o, en su caso, la absolución del presentación, conjuntamente con su dictamen proponiendo la sanción la sanción deberá expedir la Resolución correspondiente dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de recibido el expediente y el dictamen.

c) Contra la Resolución que desestima la reclamación y disponible la aplicación de la sanción puede interponerse Recursos de Apelación dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha de la respectiva notificación, debiendo ser superior jerárquico expedir Resolución dentro del plazo de diez (10) días hábiles, con la cual se da por agotada la vía administrativa.

La autoridad competente, al establecer la unidad orgánica o dependencia encargada de aplicar la sanción, deberá prever la existencia de un superior jerárquico encargado de resolver las apelaciones.

Artículo 338º.- La acción por infracción de tránsito prescribe al año, contando a partir de la fecha de su comisión; y la multa, si no se ha hecho efectiva la cobranza, prescribe a los dos (2) años, contados a partir de la fecha en que quede firme la Resolución de su sanción.

La interrupción de la prescripción únicamente podrá ser invocada por la autoridad competente por la causal prevista en el numeral 33.2 del artículo 233º de la Ley Nº274444, Ley de Procedimiento Administrativo General , en cuyo caso el plazo de interrupción se computará desde la fecha de la inscripción del inicio del procedimiento sancionador en el Registro Nacional de Sanciones de Sanciones por Infracciones al Tránsito Terrestre.

No es aplicable la suspención a los plazos de prescripción previstos en el primer párrafo del presente artículo.

Artículo340º.- La autoridad competente de fiscalización del tránsito terrestre, bajo responsabilidad, debe comunicar mensualmente al Registro Nacional de Sanciones por Infracciones al Tránsito Terrestre, a cargo del Viceministerio de Transportes, los actos administrativos de inicio de procedimiento de sanción y de imposición de sanciones que se produzcan durante el mes inmediato precedente, una vez que éstos hayan sido debidamente notificados a los presuntos infractores o infractoras, respectivamente, de conformidad con el artículo 28º de la Ley Nº 27181, Ley General de transporte y Tránsito Terrestre.

El funcionario encargado del Registro Nacional de Sanciones por Infracciones al Tránsito Terrestre, bajo responsabilidad, deberá inscribir en éste los actos administrativos referidos en el párrafo precedente dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de recibida la comunicación.

(CUADRO DE TIFICACION, SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS ALICABLES A LAS INFRACCIONES AL TRANSITO TERRESTRE)

Artículo 2º.- Agréguese un segundo y tercer párrafo al artículo 312º y el literal b) al numeral 1) del artículo 336º del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2001-MTC y modificado por los Decretos Supremos Nos. 012, 022, 026, 039 y 040-2002-MTC:

Para la configuración de la reincidencia, la(s) Resolución(es) de Sanción anterior(es) deben haber quedado firmes.

Se considera nueva infracción aquella cometida con posterioridad a los doce (12) meses a que se refiere el primer párrafo del presente artículo y, en consecuencia, la sanción que se imponga será considerada como primera.

b) También se considera que existe reconocimiento voluntario de la infracción cuando el presunto infractor no ha pagado la multa prevista para la infracción cometida ni ha presentado su reclamo de improcedencia ante la unidad orgánica o dependencia de la autoridad competente que corresponda dentro de los siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la papelea de infracción, en cuyo caso la papeleta levantada tendrá los efectos jurídicos de una Resolución de Sanción firme, no procediendo en su contra la interposición de recurso impugnatorio alguno."

Artículo 3º.- Incorpórese el artículo 341º y la Sétima y Octava Disposiciones Complementarias y Transitorias a Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC y modificado por los Decretos Supremos Nº 012, 022, 026, 039 y 040-2002-MTC, con los textos siguientes:

"Artículo 341º.- En los casos que corresponda a aplicar sanciones de multa conjuntamente con las sanciones no pecuniarias de suspensión, cancelación o inhabilitación de la Licencia de Conducir, por la comisión de infracciones cuya fiscalización sea competencia de las municipalidades provinciales, éstas expedirán la Resolución de Sanción aplicado a la multa respectiva y solicitando la imposición de la sanción no pecuniaria, a cuyo efecto, inmediatamente después de expedida, remitirán los actuados y la Licencia de Conducir retenida al órgano emisor de la misma para que complemente la sanción de la multa con la sanción no pecuniaria que corresponda, mediante Resolución que deberá expedirse dentro del término de cinco (5) días hábiles de recibido el expediente, bajo responsabilidad.

Una vez expedida la Resolución de Sanción complementaria, el órgano emisor de la Licencia de Conducir devolverá de manera inmediata los actuados a la municipalidad provincial competente para que proceda a la notificación conjunta de ambas Resoluciones al presunto infractor, conservando en su poder la licencia retenida.

El recurso de apelación que se interponga contra la Resolución de Sanción inicial, contra la Resolución de Sanción complementaria o contra ambas será resuelta por el superior jerárquico del órgano municipal que expidió la Resolución inicial, mediante Resolución que da por agotada la vía administrativa, debiendo ponerse ésta en conocimiento del órgano emisor de la licencia para que, en caso de desestimarse el recurso, se inscriba en el Registro Nacional de Sanciones por Infracciones al Tránsito Terrestre y, según corresponda, se proceda a la retención definitiva de la Licencia de Conducir hasta que se cumpla la suspensión de la misma o a su destrucción si se trata de sanciones de cancelación o inhabilitación. Si se declara el recurso de apelación absolviendo al presunto infractor, también se comunicará al órgano emisor de la Licencia de Conducir para que devuelva ésta a su titular. la impugnación de la Resolución inicial y de la Resolución que devuelva ésta a su titular. la impugnación de a Resolución inicial y de la Resolución complementaria deberá efectuarse en el mismo recurso de la apelación, no siendo admisible ningún recurso, pedido o escrito del presunto infractor hasta que se notifiquen ambas Resoluciones.

Para el caso referido en el párrafo del presente artículo, si luego de concluida la etapa de instrucción del procedimiento, la municipalidad provincial considera que debe absolverse al presunto infractor, expedirá Resolución absolutoria sin remitir los actuados.

Sétima.- Las disposiciones sobre revisiones técnicas, así como la infracción F.15 del artículo 296º establecida en el presente Reglamento y del Anexo "Cuando de Tipificación, Sancione y Medidas Preventivas aplicables a las infracciones al tránsito Terrestre", no será exigible ni sancionable hasta la implementación de las revisiones técnicas.

Octava.- Los vehículos menores de tres ruedas deberán adecuarse, en el plazo de sesenta (60) días calendario, a computarse desde la vigencia de la presente norma, a la exigencia de contar con cinturón de seguridad para los asientos de los pasajeros, quedando en suspenso por el mismo término a la aplicación de las sanciones derivadas de esta obligación para os conductores de dichos vehículos.

Artículo 4º.- Precísese que toda mención que se haga en el Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo Nº033-2001-MTC y modificado por los Decretos Supremos Nº 012, 022, 026, 039, y 040,-2002-MTC, a la Policía Nacional del Perú asignada al control del tránsito se entenderá referida a la Policía Nacional del Perú asignada al control de carreteras, cuando se trate de infracciones cometidas en la red vial nacional y departamental o regional.

Artículo 5º.- Deróguese todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto Supremo.

Artículo 6º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete días del mes de Enero del año dos mil tres.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO, Presidente Constitucional de la República.- JAVIER REATEGUI ROSELLO, Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC se aprobó el Reglamento Nacional de Tránsito, el cual ha sido modificado por los Decretos Supremos Nos. 012, 022 y 026-2002-MTC;

Que, la Comisión de Promoción del Perú - PROMPERU, en coordinación con los Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de Transportes y Comunicaciones, ha desarrollado el proyecto "Manual de Señalización Turística Nacional" con el objeto de facilitar la identificación de los atractivos y servicios turísticos existentes en el país, el mismo que contiene, como novedad, la posibilidad de financiar las acciones de señalización que lleven a cabo las autoridades competentes en esta materia, mediante un sistema de auspicio privado que incluya la producción física del anuncio, su instalación y mantenimiento;

Que, siendo señales turísticas que se instalan en la vía pública una especie de señales verticales del tránsito reguladas por el Reglamento Nacional de Tránsito, se hace necesario efectuar algunas modificaciones muy puntuales al citado Reglamento a fin de incluirlas como una especie más dentro de la clasificación contemplada en el artículo 43º del citado Reglamento, así como posibilitar los auspicios mencionados, sin desvirtuar las prohibiciones de colocar en los dispositivos del tránsito anuncios de cualquier índole, así como signos, demarcaciones o elementos que limiten o se asemejen a los dispositivos de regulación del tránsito;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118º de la constitución Política del Perú y la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre;

Artículo 1º.- Agréguese un segundo párrafo al artículo 35º del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC, modificado por los Decretos Supremos Nos. 012, 022 y 026-2002-MTC, con el siguiente texto:

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, podrían fijarse, en la estructura de soporte de las señales turísticas o colocados en forma separada y debajo del corte inferior de la señal, carteles de los auspiciados que financian su producción, instalación y mantenimiento, sujetándose para ello a los requisitos, diseños, dimensiones y colores establecidos en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras."

Artículo 2º.- Modifíquese los numerales 2) y 3) y agréguese al numeral 4) al artículo 43º del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC, modificado por los Decretos Supremos Nos. 012, 022 y 026-2002-MTC, con los siguientes textos:

2) Las señales preventivas tienen forma romboidal, es decir un cuadrado con la diagonal correspondiente en posición vertical con excepción de las "DELINEACION DE CURVAS PRONUNCIADAS", cuya forma será rectangular, correspondiendo su mayor dimensión al lado vertical; las de "ZONA DE NO ADELANTAR" que tendrá forma triangular; y las de "PASO A NIVEL DE LINEA FERREA" de diseño especial que será determinado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

3) Las señales informativas tienen forma rectangular, con su mayor dimensión horizontal, a excepción de los indicadores de las rutas y de las señales auxiliares que tienen la forma que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

4) Las señales turísticas tienen las características físicas establecidas en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras."

Artículo 3º.- Modifiquese el segundo párrafo del artículo 40º, el literal B.4 del artículo 296º y el literal b.4 del anexo: "Cuadro de Tipificación, Multas y Medidas Preventivas aplicables a las infracciones de Tránsito Terrestre" del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC, modificado por los Decretos Supremos Nos. 012, 022 y 026-2002-MTC, los siguientes textos:

Asimismo, no debe colocarse propaganda comercial ni otro elemento que afecte la debida percepción de las señales de tránsito, y atente contra la seguridad en la circulación.

La colocación de los carteles de los auspiciadores de las señales turísticas se sujetará a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 35º.

INFRACCION

II. MULTA UIT

III. MEDIDAS PREVENTIVAS

B. Infracciones a los Dispositivos de Control

B.4 Utilizar las señales de tránsito con fines publicitarios u otros fines, a excepción de la publicidad que se emplee en las señales turísticas en la forma establecida en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.

10%

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de Enero del año dos mil tres.

RAUL DIEZ CANSECO TERRY, Primer Vicepresidente de la República, Encargado del Despacho Presidencial.- JAVIER REATEGUI ROSSELLO, Ministro de Transportes y Comunicaciones.